La policía de la Unión Europea ha dado un paso más hacia la seguridad de todos sus miembros, pues ahora se le ha otorgado más terreno en donde tiene capacidad para hacerse de información valiosa para resolver casos de delincuencia.
Ahora, podrá resolver con mayor facilidad la ciber delincuencia o cualquier otro acto ilegal que pudo haberse gestado o impulsado a través de la tecnología. Esto significa que se reserva el derecho de solicitar a sus anchas, ya sea a civiles o servicios tecnológicos, todo el mar de información digital disponible.
A simple vista todo parece muy sensato y certero, especialmente cuando la delincuencia cibernética está a la alza, pero las autoridades que se encarga de velar por los derechos digitales de las personas ya ha advertido que atraerá consecuencias.
Aunque sólo promete aplicarse a asuntos delictivos complejos, por concepto también podría espiarte sin permiso
Las autoridades saben que pueden sacar mucho provecho por toda la clase de información que hay en internet, y aunque promete sólo solicitar y hacer uso de datos digitales en casos delictivos mayores como actos de terrorismo y explotación sexual infantil, por concepto también podría ir más allá si lo quisiera.
En efecto, hemos podido ver que las redes sociales son una madriguera de delincuentes, desde redes de pederastas en Facebook, hasta organizaciones de revueltas destructivas en Twitter, también siendo los servicios de mensajería instantánea el lugar favorito incluso para los terroristas.
Por eso, ahora podrá solicitar y recibir datos tanto de servicios de redes y empresas privadas que pudieran estar relacionadas con el atentado. Esto fue lo que se acordó en el Parlamento con 480 votos a favor.
Sin embargo, Protección de Datos no dudó dos veces para anotar que debería haber un límite, la policía no debería tener el acceso total de los datos disponibles de las personas, por eso han resuelto con crear un área interna que se encargue de velar los derechos básicos de privacidad.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos también tendrá un nuevo trabajo, y será la de vigilar que todas las operaciones realizadas por la Europol sobre los datos personales se hagan de forma regulada y limitada para no poner en peligro los derechos de privacidad.
Es importante hacer la comparativa de lo que las nuevas competencias digitales de la Europol significan en el mundo real, pues solicitar datos de usuarios de forma irregularizada equivale a que la policía detenga a cualquier peatón y le revise el carro, el bolso y hasta los bolsillos del pantalón sin pedir permiso solo por haber pasado cerca de un lugar donde ocurrió un accidente.
También podría equivaler a entrar súbitamente al hogar de una familia sin tocar la puerta y sin presentar una orden, empezar a poner cada habitación de cabeza y llevarse documentos u objetos personales sólo porque ocurrió un atentado en el barrio.
La misma protección de privacidad que se da en el mundo real también debe ser aplicada con rigor en el mundo digital, y de eso también los usuarios se pueden hacer cargo de que realice. Por eso se abrirá la posibilidad de que las personas se comuniquen con las autoridades locales y la Europol para consultar qué datos personales se tienen almacenados.
Organizaciones de los derechos digitales alzan la voz ante problemas de privacidad que aún nadie ha visualizado
La agrupación European Digital Rights (EDRi) bien lo dijo en su tweet del 4 de mayo de 2022 cuando se enteró de la decisión del Parlamento:
“El Parlamento Europeo falló al proteger los derechos fundamentales en la votación de la Europol. La reforma ha sido aceptada con una gran mayoría, permitiendo riesgos considerables de violaciones de derecho a un juicio justo, privacidad y protección de datos, la no discriminación y libertad de expresión”
Misma que estuvo al tanto de todo el proceso de votación y trató de persuadir a través de sus publicaciones en redes sociales a que se votara en contra sin éxito a pesar de ser un gran movimiento para nada tímido.
Además de EDRi, también se le sumó Informatics Europe, Fair Trials, Ligue des droits humains, ENAR, Save, PICUM, CJL, La Quadrature du Net, Trans United Europe, y otras organizaciones y asociaciones de índole tecnológico y de derechos humanos que pueden ver desde ahora el potencial peligro de no regular adecuadamente esta nueva ley.
